Vaya la que se ha liao en Ponferrada. Como sabréis, resulta que hace diez años el alcalde Ismael Álvarez acosó sexualmente a una concejal. Ella lo denunció, y el alcalde fue condenado. No fue a la cárcel sino que la sentencia fue una sanción económica, como suele o solía pasar en estos casos [nótese la diferencia entre acoso sexual, abuso sexual y agresión sexual, otra discusión sería cuáles son esas diferencias y si estamos de acuerdo]. En fin, que el alcalde condenado, del PP, dimitió de su cargo pero formó un grupo independiente, Independientes Agrupados de Ponferrada. En las elecciones de 2011, este grupo independiente recibió más del 16% de votos, y con Ismael Álvarez a la cabeza, apoyó la investidura del Partido Popular.
El último capítulo [por el momento] de esta historia es que el PSOE presentó una moción de censura al alcalde actual del PP con el apoyo del IAP, y ante el revuelo mediático de los medios y muchos de los propios socialistas de Ponferrada y alrededores, han dado un paso atrás [de una forma bastante indigna y cutre, todo hay que decirlo], ante los gritos en el cielo, la indignación y el rasgue de vestiduras general.
Lo primero tengo que decir es que me pasma la capacidad que están teniendo los medios [por ya no esperar nada de la clase política] para hacer de esto un escándalo y no un debate en profundidad. Esto es evidentemente una fisura del sistema, una brecha entre legalidad y moralidad. ¿De qué sirve que un excondenado pueda ocupar un cargo público si es un apestado y nadie quiere pactar con él? ¿Por qué pactar con un condenado por acoso es lícito para algunos partidos y para otros no? ¿Sería diferente si fuese condenado por otra cosa? Quizás el debate está en si queremos permitir que los condenados puedan optar a cargos públicos, pero: 1. ¿qué dice eso del sistema de justicia y reinserción social que tenemos? y 2. ¿Estamos entonces dando por hecho quien ha cometido un delito de este tipo queda incapacitado para llevar una gestión de un campo totalmente distinto? Son debates que se abren directamente al hilo de los acontecimientos y que se están obviando. Intento no dejarme llevar por el desprecio que por supuesto me merece el tema del acoso, intento ponerme en otros casos y ser justa, ponerme en el lugar de la justicia y no de la moral. Si una persona hubiera cometido un delito grave, pongamos un asesinato, y hubiese ido a la cárcel y cumplido su condena, ¿le incapacitaría eso para ser economista, o profesor, o concejal? Si la respuesta es sí, entonces deberíamos, o bien cambiar el sistema penitenciario, o bien sacar una ley que regule quién o quienes pueden dedicarse a qué profesiones, o bien ambas.
Como veis, tengo muchas más preguntas que respuestas [como es habitual en la máquina de pensar], pero de lo que estoy segura es que si se ha llegado a esta situación absurda, es porque el sistema lo permite, así que o bien corregimos lo que consideremos que está mal para que no pasen estas cosas, pasando por un debate en profundidad y una decisión responsable y sensata, o bien dejamos de escandalizarnos porque pasen, puesto que tampoco veo que se haga nada por cambiarlo, más que el escándalo y la fingida indignación que tanto gusta en los medios.
